La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar plenamente la Directiva de la UE que establece normas básicas sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores a los miembros de la Guardia Civil.
La Comisión considera que España no ha garantizado adecuadamente el nombramiento de personal cualificado para verificar que las medidas de protección de la salud y la seguridad se ponen en marcha en todos los centros de trabajo de la Guardia Civil.
Esto constituye una violación del artículo 7 de la Directiva 89/391/CEE, que obliga a los empleadores a proporcionar el personal y los equipos necesarios para garantizar que las acciones de prevención y protección, tales como las evaluaciones de riesgos, se pueden llevar a cabo.
Las autoridades españolas han admitido que en algunos lugares de trabajo de la Guardia Civil, las evaluaciones de riesgos obligatorias no se llevaron a cabo debido a la falta de personal cualificado y equipos adecuados.
Al no realizar la evaluación de riesgos en todos los centros de trabajo de la Guardia Civil, las autoridades españolas también están en violación del artículo 6 de la Directiva 89/391/CEE, lo que implica que el empleador no estará en posesión de la documentación de la evaluación de riesgos como exige el artículo 9 de la misma Directiva.
